Redacción.- Una ciudadana de República Dominicana y residente permanente legal de Estados Unidos fue sentenciada este viernes a 27 meses de prisión tras participar en un fraude de más de USD 1 millón contra programas de seguro de desemple.
La acusada, Karin L. Contreras, de 45 años, admitió haber integrado una conspiración que utilizó información personal robada para presentar solicitudes fraudulentas de prestaciones. La jueza federal de distrito Beryl A. Howell también le impuso dos años de libertad supervisada y el pago de USD 551,674,78 en restitución, de acuerdo con un comunicado de la Fiscalía de EE.UU. para el Distrito de Columbia.
La mujer se había declarado culpable el 10 de julio de 2026 de conspiración para cometer fraude electrónico. Los fiscales habían solicitado una condena de 41 meses de cárcel, pero el tribunal fijó una pena menor.
La fiscal federal para el Distrito de Columbia, Jeanine Ferris Pirro, sostuvo que el caso afectó programas que estaban destinados a asistir a personas perjudicadas por las consecuencias económicas de la emergencia sanitaria.
“Contreras robó de programas creados para ayudar a las personas a sobrevivir a las perturbaciones de la pandemia”, afirmó Pirro en el comunicado oficial. La fiscal agregó que este tipo de delitos desvía fondos de familias con necesidades reales y afecta la confianza pública en los mecanismos de ayuda estatal.
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El plan operó entre junio de 2020 y marzo de 2021
Según los documentos judiciales citados por la Fiscalía, la conspiración se extendió desde junio de 2020 hasta marzo de 2021. Durante ese período, Contreras y otras personas habrían presentado solicitudes de beneficios de desempleo con identidades sustraídas a terceros.
Como resultado de esas peticiones, los involucrados recibieron tarjetas prepagadas para cajeros automáticos que acumulaban prestaciones por un valor superior a USD 1 millón. La mayor parte de esas tarjetas llegó a una dirección de Washington, D.C., ubicada junto al domicilio de Contreras.
El comunicado indicó que los conspiradores retiraban el dinero en cajeros automáticos, en operaciones de USD 1,000, el límite diario permitido para cada tarjeta. La mecánica permitió extraer fondos de forma escalonada y dificultó que las autoridades identificaran de inmediato la dimensión de las operaciones.
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La Fiscalía indicó que, aunque las solicitudes fraudulentas superaron el millón de dólares, el grupo logró retirar más de USD 550,000 de los programas de seguro de desempleo. La cifra coincide con el monto de restitución ordenado por la jueza Howell.
La investigación estuvo a cargo de la oficina del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) en Washington y de la Oficina del Inspector General del Departamento de Trabajo de Estados Unidos. La causa fue llevada por la fiscal federal adjunta Kondi Kleinman, de la Sección de Fraude, Corrupción Pública y Derechos Civiles, junto con el abogado litigante John Kosmidis, de la Sección de Fraude del Departamento de Justicia.
