Funcionarios de América Central que no son aptos para visado estadounidense
Estados Unidos.-Estados Unidos dio a conocer los funcionarios de América Central que no son aptos para obtener visado estadounidense luego de actualizar el listado de actores corruptos y antidemocráticos de acuerdo a la sección 353.
En este mes, EE.UU. le ha retirado la visa aproximadamente a 400 actores políticos latinoamericanos, principalmente guatemaltecos, seguidos de nicaragüenses y hondureños.
De manera pública solo 5 personas han tenido restricciones de este tipo en República Dominicana.
Entre los ciudadanos implicados en la lista se encuentra: El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, declarándolos inelegibles para visa revocando la de quienes ya tienen y dejando la puerta abierta para mayores sanciones.
En la lista actualizada están funcionarios salvadoreños de libre acceso a la información acusados de bloquear los procesos; fiscales guatemaltecos por las persecuciones después de las elecciones; nicaragüenses del régimen orteguista partícipes en las confiscaciones y el Ministro hondureño de Planificación por su rol en la violencia contra diputados opositores.
En el listado de actores corruptos y anti-democráticos de acuerdo a la Sección 353 figuran:
Carlos Mauricio Funes Cartagena, ex presidente de El Salvador, involucrado en corrupción, soborno, malversación de fondos y lavado de dinero mientras era presidente, robando cientos de millones de dólares al estado.
Jimi Rodolfo Bremer Ramírez, juez actual en Guatemala, autorizó cargos penales por motivos políticos contra periodistas por ejercer su libertad de expresión protegida por la ley guatemalteca.
Jesús Arturo Mejía Arita, ex gerente general de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica de Honduras (ENEE), incurrió en corrupción adjudicando contratos sobrevalorados para la generación de electricidad y otros servicios relacionados con la energía a cambio de sobornos.
Arling Patricia Alonso Gómez, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional de Nicaragua, socavó procesos o instituciones democráticas al participar en represalias gubernamentales coordinadas para despojar de la ciudadanía nicaragüense a opositores políticos y críticos del régimen Ortega-Murillo.
