Puerto Príncipe.– El primer ministro de Haití, Ariel Henry, reafirmó su voluntad de garantizar un mejor control de las fronteras y de hacer todo lo posible por reanudar el diálogo con República Dominicana para normalizar las relaciones entre ambos países, deterioradas por la construcción de un canal en un río limítrofe.
Según un comunicado del Ejecutivo haitiano emitido este jueves, Henry y varios ministros se reunieron el miércoles con autoridades locales del noreste del país para tratar sobre la situación en la zona fronteriza, reiterando “la posición del Gobierno con respecto al derecho inalienable del Estado haitiano a explotar equitativamente los recursos hídricos compartidos, en estricto cumplimiento de los tratados internacionales firmados por las dos repúblicas en esta materia».
Esa reunión de trabajo, calificada de “importante” por el gabinete, sirvió para hacer balance de la evolución de la situación en la zona fronteriza y sugerir vías para encontrar una solución duradera al diferendo entre la República Dominicana y la República de Haití” por el canal, indicó la nota.
Durante el encuentro con las principales autoridades locales del departamento del noreste (delegados, vicedelegados, alcaldes, directores departamentales y jueces, entre otros altos funcionares), Henry instó a evitar las decisiones individuales y a favorecer un enfoque colectivo y consensuado, junto con el Gobierno central, con vistas a armonizar las acciones a llevar a cabo.
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La tensión entre República Dominicana y Haití aumentó a raíz de la construcción, por la parte haitiana, de un canal en el limítrofe río Masacre (Dajabón para los dominicanos) y las decisiones adoptadas por Santo Domingo en septiembre pasado en contra de esas obras, en especial el cierre total de las fronteras y la suspensión de la emisión de visados.
Si bien el presidente dominicano, Luis Abinader, flexibilizó un mes después el cierre comercial, Haití ha rechazado reanudar el mercado binacional y paralizar la construcción del canal, que las autoridades dominicanas consideran ilegal.
Ante todo ello, los dos países recurrieron a la Organización de Estados Americanos (OEA), que designó una comisión para evaluar la situación en torno al polémico canal.
