SANTO DOMINGO.- El juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Raymundo Mejía, envió a la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) el expediente para que asigne a un abogado púbico al mayor general Adán Cáceres, ex jefe de seguridad del expresidente Danilo Medina, y acusado de ser la cabeza del caso de corrupción “Coral”.
Anteriormente, la defensa de Cáceres Silvestre eran los abogados Francisco Álvarez, Cristian Martínez y Romer Jiménez.
En ocasiones pasadas los juristas expresaron que tenían obstáculos de tiempo o no dejaban ver a su cliente, quien está en el Centro Correccional Najayo Hombres.
Sobre el caso
En mayo del pasado año el Ministerio Público presentó pruebas que llevaron a los tribunales a imponer 18 meses de prisión preventiva en contra del mayor general Cáceres Silvestre y Rossy Guzmán Sánchez (La Pastora), así como del cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, hijo de la religiosa; el coronel policial Rafael Núñez de Aza y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.
En tanto que contra Raúl Alejandro Girón Jiménez se ordenó el arresto domiciliario por razones de seguridad, por cooperar con la investigación del Ministerio Público.
Los imputados guardan prisión en los centros de corrección y rehabilitación de Najayo Hombres y Mujeres, en San Cristóbal, mientras el Ministerio Público continúa profundizando la investigación del caso, que fue declarado de tramitación compleja.
El grupo incurrió en los delitos asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.
El entramado criminal desmantelado con la Operación Coral desarrollaba sus actividades delictivas en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), principalmente, con el abultamiento de la nómina.
El Ministerio Público estableció, en el transcurso del proceso judicial, que los imputados realizaban operaciones fraudulentas para adquirir bienes muebles e inmuebles, vehículos de lujo y propiedades en diferentes lugares del país, valorados en millones de pesos.
Estas acciones contra la corrupción administrativa se suman a las realizadas por la Operación Coral 5G, por la que también fueron impuestas medidas de coerción a 13 personas, la mayoría con prisión domiciliaria y preventiva, incluyendo a los generales Boanerges Reyes Batista (ARD), Juan Carlos Torres Robiou (FARD) y Julio Camilo De los Santos Viola (FARD), quienes desde diciembre pasado cumplen 18 meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal.