SANTO DOMINGO.- La jueza del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Kenya Romero, retomará el conocimiento de medida de coerción contra los generales Juan Carlos Torres Robiou, Julio Camilo de los Santos Viola y Boanerges Reyes Batista, vinculados, junto otras 10 personas, en el casos de corrupción “Coral 5G”.
La magistrada seguirá con el caso tras la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación rechazar una recusación del abogado Julio Cuy, representante del general Juan Camilo de los Santos Viola.
La defensa del encartado presentó la recusación contra la jueza Kenya Romero, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, a quien el Ministerio Público pide que imponga a los involucrados 18 meses de prisión preventiva y que declare el caso de tramitación compleja.
Por este entramado de corrupción, el Ministerio Público también sometió a los generales Juan Carlos Torres Robiou (FARD) y Boanerges Reyes Batista (ARD), así como al capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores (ARD), los coroneles Carlos Augusto Lantigua Cruz, Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara, Miguel Ventura Pichardo (FARD) y al teniente coronel Erasmo Roger Pérez Núñez (FARD).
También al teniente coronel Kelman Santana Martínez (ERD) y al mayor José Manuel Rosario Pirón (PN). Igualmente, la primer teniente Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, César Félix Ramos Ovalle y Esmeralda Ortega Polanco.
Junto a la solicitud de medida de coerción, el Ministerio Público depositó más de 700 pruebas que vinculan a los imputados al entramado de corrupción administrativa desmantelado con la Operación Coral 5G.
El auto de solicitud incluye documentos de bancos, títulos de propiedad, bienes inmuebles que han sido decomisados y una serie de elementos probatorios.
En la audiencia también representaron al Ministerio Público los fiscales Mirna Ortiz, María Melenciano, Jonathan Pérez y Arolin Lemos Féliz.
El grupo de imputados de la Operación Coral 5G es custodiado por el sistema penitenciario en el Centro de Atención y Privación de Libertad Provisional (Caplip) del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
La red de corrupción desmantelada con las operaciones Coral y Coral 5G movió al menos 4,500 millones de pesos, ha establecido el Ministerio Público durante la investigación.
A los oficiales de cuerpos castrenses, incluyendo generales, se les ha ocupado hasta el momento unas 125 propiedades.
La Operación Coral 5G se ejecutó con 49 allanamientos en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, Santiago y La Vega, en una acción sincronizada, dirigida por los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, responsables de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Pepca.
Estas nuevas acciones contra la corrupción administrativa se suman a las realizadas por la Operación Coral, por la que también desde mayo pasado cumplen prisión preventiva de 18 meses varios miembros de la Policía Nacional y organismos castrenses.