MP demostró que testigo de Manuel Rivas y Argenis Contreras mintió al tribunal
SANTO DOMINGO, RD- El Ministerio Público aseguró este miércoles que el testigo Pedro Messón, aportado por las defensas de los acusados Manuel Rivas y Argenis Contreras, mintió al tribunal que conoce la acusación por el asesinato del abogado Yuniol Ramírez Ferreras y los actos de corrupción en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) durante la gestión de Manuel Rivas.
La procuradora de corte Mirna Ortiz, coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), destacó que esa acción constituye un delito.
“El dato importante de la audiencia del día de hoy ha sido realmente cómo el Ministerio Público ha desacreditado la declaración del testigo Pedro Messón”, que dijo fue aportado tanto por la defensa del acusado Manuel Rivas como de Argenis Contreras.
Destacó que el Ministerio Público logró demostrar en base a declaraciones emitidas por el testigo con anterioridad, durante la etapa de investigación, que éste fue preparado por la defensa para mentir al tribunal.
“El Ministerio Público, utilizando técnica de litigación, demostró y aportó al tribunal, las declaraciones anteriores ofrecidas por este testigo, demostrando una vez más, lo robusto de la acusación que tenemos en contra de los acusados”, dijo a periodistas que la entrevistaron en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
La representante de la Pepca declaró que el Ministerio Público se retira en este momento a analizar las posibles acciones a tomar, “toda vez que, de acuerdo a nuestra norma penal, constituye un delito mentir al tribunal y el Ministerio Público puede tomar acciones en consecuencia”.
Ortiz dijo que los vehículos que forman parte de las pruebas, a solicitud del tribunal, fueron traídos y le fueron presentados. “Recuerden que estamos hablando de bienes que se deterioran con el paso del tiempo. Este caso sucedió hace más de cinco años y el tribunal comprobó que los vehículos se encuentran en perfecto estado, conforme al paso del tiempo y así lo acreditó como prueba a cargo de los imputados”, explicó a la prensa.
El juicio se ventila en el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, integrado por las juezas Claribel Nivar Arias (presidenta), Yissel Soto y Clara Sobeida Castillo, quienes aplazaron la audiencia para continuar el próximo lunes 29 de agosto, a partir de las 9:00 de la mañana.
En este caso son procesados Argenis Contreras, señalado como el principal autor material del secuestro y asesinato del abogado y catedrático universitario Ramírez Ferreras, así como de José Mercado (el Grande), Víctor Ravelo Campos (el Herrero), Jorge Abreu, Heidy Peña y Lilian Francisca Suárez Jáquez.
También, el exdirector de la OMSA, Manuel Rivas, y el exgerente financiero de esa institución, Faustino Rosario Díaz, quienes enfrentan cargos por corrupción administrativa en esa institución.
El Ministerio Público inició el miércoles 11 de mayo la lectura de la acusación que contiene los cargos y las pruebas del caso, concluyendo con la presentación de más de 60 pruebas que demostraron la vinculación de los acusados con el crimen y los actos de corrupción en la OMSA.
En atención a una solicitud del órgano de la acusación, el pasado 24 de febrero el tribunal decidió unificar el expediente del asesinato de Ramírez Ferreras con el de los actos de corrupción administrativa registrados en la OMSA.
En la presente etapa el juicio continúa con la presentación de las pruebas por parte de las defensas.
La institución recordó que el crimen, registrado en octubre de 2017, está vinculado con los actos de corrupción administrativa ocurridos en la entidad gubernamental de transporte. Rivas fue nombrado en el cargo en agosto de 2012 y cuando ocurrió el asesinato ejercía dichas funciones.
Ramírez Ferreras, quien presidía la Convergencia Nacional de Abogados (CONA), fue hallado muerto con un block de concreto atado a su cuello mediante una cadena, en un arroyo de Hato Nuevo, en Santo Domingo Oeste.
Luego del hecho, Argenis Contreras huyó hacia Estados Unidos, en donde fue capturado y tres años después entregado al país tras los esfuerzos de la actual gestión del Ministerio Público.
