Redacción.- La ONG Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC) reportó 79 violaciones de derechos humanos y cuatro muertes de reclusos durante septiembre, según su más reciente informe sobre la situación penitenciaria en Cuba.
La organización, con sede en México, indicó que documentó denuncias en 34 cárceles, campamentos de trabajo forzado y centros de instrucción penal, distribuidos en 12 provincias y el municipio especial Isla de la Juventud. Las provincias de Camagüey, La Habana y Mayabeque concentraron la mayor cantidad de registros.
Entre las denuncias más frecuentes figuran la negación de atención médica (27), problemas relacionados con el estado de salud (26), alimentación (19), restricciones a la comunicación (15) y traslados (9).
En cuanto a los fallecimientos, el informe menciona al preso político Florentino Morono Torres, quien murió el 20 de septiembre en un hospital de Las Tunas, dos días después de sufrir un infarto en su celda. La ONG sostiene que no recibió atención médica oportuna. También reportó la muerte del preso común Reinier Ramírez Domínguez, quien falleció en La Habana 17 días después de recibir una licencia extrapenal, con su salud severamente comprometida, según el documento.
La organización agregó otros dos fallecimientos en la prisión de Mar Verde, en Santiago de Cuba, atribuidos a la falta de alimentación y a la desnutrición severa.
El CDPC identificó a 72 personas encarceladas —68 hombres y cuatro mujeres— como afectadas por algunas de las violaciones documentadas. Entre ellas figuran el periodista independiente Henry Constantín y los presos políticos Roberto Pérez Fonseca, Ediolvis Marín Mora y Vladimir Castillo Llanes.
El informe también recoge denuncias de represalias contra los reclusos, como la suspensión de visitas y llamadas telefónicas, el confinamiento en celdas de castigo y golpizas contra quienes protestan por las condiciones de reclusión.
La ONG advirtió que sus registros representan un subregistro de los hechos y las víctimas reales. Atribuyó las dificultades para documentar la situación a la falta de transparencia oficial y a las restricciones para que observadores independientes accedan a las prisiones cubanas.
