SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Con el escándalo de corrupción que involucra al exprocurador Jean Alain Rodríguez, y otros exfuncionarios del organismo, se hace necesario que el Poder Judicial sea reformado para evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir.
Así lo explicó el presidente del Colegio de Abogados, Surun Hernández.
El jurista calificó como grave que un exjefe del Ministerio Público se vea involucrado en actos de corrupción que según las autoridades estafó al Estado con más de seis mil millones de pesos.
Además del exprocurador Rodríguez, en el caso están implicados Miguel José Moya, Rafael Antonio Mercede Marte, Alfredo Alexander Solano Augusto, Rafael Stefano Canó Sacco, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Jonnathan Josel Rodríguez Imbert, Jenny Marte Peña y Altagracia Guillén Calzado.
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— Noticias Telemicro (@NTelemicro5) July 1, 2021
Este martes, la fiscal Mirna Ortiz depositó ante la Oficina de Atención Permanente la solicitud de medida de coerción contra los investigados por corrupción, en el entramado “Operación Medusa”.
La Procuraduría acusa a los involucrados de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado.
Enfrentarán, además, cargos de infracción, que tipifica el desfalco y que modifica los artículos 171 y 172 del Código Penal, así como de los artículos 5, 6 y 10 de la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, por haber incurrido en actos de acceso ilícito, daño o alteración de datos y sabotaje.
El auto de acusación del Ministerio Público, para presentar ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, incluye cargos de violación a los artículos 1 y 2 de la Ley 488-06, sobre soborno.
El exprocurador Jean Alain Rodríguez y sus colaboradores y relacionados están imputados de infringir varios artículos de la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, en cuanto a lo relacionado con lavado de activos y circunstancias agravadas del lavado, así como de la Ley 72-02, sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas y otras Infracciones Graves, en lo concerniente a los hechos cometidos antes de 2017.
Estas investigaciones están a cargo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), que dirigen los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho.