Querella penal contra Juan Antonio Capellán Nin señala presunto fraude y falsificación por RD$12 millones

Telemicro Prensa
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Santo Domingo.– Una querella penal con constitución en actor civil fue presentada contra el abogado Juan Antonio Capellán Nin, quien en las últimas semanas ha realizado cuestionamientos públicos a los procesos de licitación del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE).

De acuerdo con la instancia, recibida el 20 de agosto de 2026 por la Fiscalía del Distrito Judicial de Santo Domingo Oeste, Capellán Nin es señalado por la presunta violación de varios artículos del Código Penal dominicano relacionados con estafa agravada y falsificación de documentos.

La querella, presentada por Ursulina Feline Quezada Figueroa, mediante su representante legal, el abogado Jesús Piña Tavárez, sostiene que el querellado habría participado presuntamente en un esquema de maniobras fraudulentas vinculadas a la venta de terrenos inexistentes, suplantación de propietarios y utilización de títulos presuntamente falsos.

Según el documento, las acciones denunciadas habrían provocado un perjuicio económico estimado en RD$12 millones.

La parte querellante también alega que algunas de las operaciones cuestionadas habrían sido instrumentadas desde la oficina jurídica del denunciado y solicitó al Ministerio Público que investigue los hechos, además de requerir una orden de arresto y prisión preventiva.

Las acusaciones se producen en medio de cuestionamientos públicos a los procesos de contratación del INABIE, institución que ha defendido las medidas implementadas para fortalecer la transparencia, ampliar la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas y combatir posibles prácticas irregulares en las compras destinadas al programa de alimentación escolar.

Hasta el momento, los señalamientos contenidos en la querella constituyen acusaciones que deberán ser investigadas por el Ministerio Público y no implican, por sí mismas, una declaración de culpabilidad contra el denunciado.

El caso queda ahora en manos de las autoridades competentes, que deberán determinar si existen elementos suficientes para sustentar las imputaciones planteadas en la instancia.

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