Redacción.- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, informó que la posible liberación anticipada de presos que estudia su Gobierno beneficiaría a 10,629 personas que colaboraron ocasionalmente con pandillas, pero que no pertenecen a sus estructuras criminales.
Ante una consulta de la agencia AFP, el mandatario aclaró que la medida no contempla la excarcelación de integrantes de esas organizaciones. “Ningún pandillero va a salir libre. Nunca”, aseguró durante una rueda de prensa junto a la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández.
Bukele explicó que la evaluación surgió en medio de la revisión de los casos de más de 93,000 personas detenidas durante los cuatro años de la ofensiva antipandillas, iniciada bajo el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022.
El gobernante también negó que su administración contemple liberar a la mitad de la población penitenciaria, como, según afirmó, habían señalado algunos medios de comunicación. Calificó esas versiones como una tergiversación de sus declaraciones.
El mandatario indicó que, tras una revisión preliminar, aproximadamente el 50 % de los posibles beneficiarios podría acceder al programa “Cero Ocio”, una iniciativa gubernamental de reinserción que busca facilitar la rehabilitación y el retorno a la sociedad de personas condenadas.
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Según Bukele, los beneficios se determinarían de acuerdo con el nivel de participación de cada detenido en actividades delictivas. No obstante, insistió en que quienes podrían acogerse a la medida habrían cometido delitos, aunque fueran de menor gravedad.
La posible reducción del tiempo en prisión contrasta con la política de mano dura contra las pandillas impulsada por el Gobierno salvadoreño, que ha defendido su estrategia como responsable de la disminución de los homicidios en el país.
Por su parte, organizaciones humanitarias han denunciado detenciones arbitrarias y muertes bajo custodia estatal, además de cuestionar las condiciones en las que se han producido las detenciones durante el régimen de excepción.
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Bukele no precisó cuándo comenzaría a aplicarse la posible medida ni qué institución tendría la responsabilidad de evaluar y decidir sobre cada caso.
El régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022, permite realizar detenciones sin orden judicial y ha llevado a prisión a más de 93,000 personas, según cifras oficiales. El Gobierno defiende los resultados de su ofensiva, mientras organizaciones humanitarias mantienen sus cuestionamientos sobre el respeto a los derechos humanos.
