La Organización de las Naciones Unidas (ONU), pidió este miércoles a «todo país con capacidad para hacerlo» que considere de forma urgente participar en una fuerza militar internacional para ayudar a las autoridades de Haití a restaurar la seguridad y aliviar la crisis humanitaria.
«Esto es absolutamente esencial para que Haití retorne a la estabilidad institucional y vuelva al camino hacia la paz y el desarrollo sostenible», dijo al Consejo de Seguridad la vicesecretaria general de Naciones Unidas, Amina Mohammed.
El pasado octubre, el Gobierno haitiano solicitó oficialmente a la comunidad internacional el envío de una operación militar para ayudarle a recuperar el control de Puerto Príncipe de manos de bandas armadas que dominan importantes zonas de la capital y sus alrededores.
En respuesta, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, propuso establecer una «fuerza de acción rápida» compuesta por militares de uno o varios países, pero el proyecto por ahora no ha cristalizado.
Según fuentes diplomáticas, aunque varios países se han mostrado dispuestos a participar, no se ha encontrado por ahora a ninguno dispuesto a liderarla.
Estados Unidos y Canadá han impulsado conversaciones sobre esta cuestión, pero hasta el momento no han mostrado intención de encabezar la operación.
En su presentación hoy ante el Consejo de Seguridad, Mohammed subrayó que pese a que se ha puesto fin al bloqueo de la principal terminal petrolera de Puerto Príncipe -que había multiplicado el sentimiento de urgencia-, sigue siendo necesaria una intervención internacional.
En ese sentido, la representante especial de la ONU para Haití, Helen La Lime, destacó que la actividad de las bandas armadas alcanzó en noviembre niveles récord, con al menos 280 homicidios, la cifra más alta de la que hay constancia en un solo mes.
En lo que va de año también se han registrado más de 1.200 secuestros para exigir rescates -el doble que en 2021- y se han multiplicado las denuncias de violaciones por parte de pandillas que, dijo, «usan la violencia sexual para intimidar y controlar a comunidades enteras».
En respuesta a la situación en el país, el Consejo de Seguridad impuso en octubre sanciones contra las pandillas, incluido un embargo de armas, que se suman a castigos aprobados por países como Estados Unidos.
Por ahora, la ONU ha descartado el posible envío de una nueva misión de mantenimiento de la paz al país, donde tuvo desplegados «cascos azules» entre 2004 y 2017 que se supone fueron los responsables del inicio de un brote de cólera que mató a al menos 10.000 personas.
