Santo Domingo.- La Contraloría General de la República realizó una auditoria a la Dirección General de Migración (DGM) y reveló que, durante el período comprendido entre el 1 de julio de 2021 y el 31 de diciembre de 2025, la entidad ejecutó 50 procesos de compras y contrataciones de bienes y servicios que no se encontraban contemplados en su Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC).
El monto global de estas operaciones no planificadas asciende a RD$ 552,980,967, identificados a partir de una muestra auditada de 229 procesos, extraída de un total de 1,270 contrataciones efectuadas por la DGM en el periodo indicado.
Ante las observaciones de los auditores, la Dirección General de Migración argumentó en su réplica institucional que las compras fuera de agenda respondieron a necesidades presupuestarias y operativas de carácter imprevisto. Entre estas citó el cumplimiento de disposiciones presidenciales que requirieron la incorporación de 750 nuevos agentes migratorios y el despliegue de oficinas en todas las provincias del país, lo cual generó la necesidad inmediata de adquirir uniformes, mobiliario, equipos tecnológicos y otros insumos esenciales.
La institución fiscalizada también justificó los desembolsos alegando limitaciones en la capacidad física de sus almacenes para mantener inventarios de reserva, así como el desgaste natural de la infraestructura y los equipos por el esquema de trabajo de 24 horas y los 7 días de la semana. La DGM sostuvo que no realizar estas adquisiciones con celeridad habría provocado la parálisis de los servicios y puesto en riesgo la continuidad operativa de la entidad.
Según el reporte oficial (referencia IN-CGR-DC-2026-00093), esta práctica representó una inobservancia al artículo 25 de la Ley 10-07 del Sistema Nacional de Control Interno (SINACI), al artículo 31 del Decreto 543-12 (Reglamento de Aplicación de la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones), y a diversas Normas Bicas de Control Interno (NOBACI) relativas a la gestión de adquisiciones públicas.
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Por su parte, el órgano rector del control interno evaluó los alegatos y la documentación probatoria remitida por la administración de la DGM, determinando cambiar el estatus del hallazgo a «subsanado posterior al informe» en el resumen ejecutivo, aunque manteniendo el hecho dentro de las observaciones del expediente general sin variar el cuerpo del documento.
A pesar del cambio de estatus tras la entrega de las evidencias explicativas, la Contraloría instó a la entidad a remitir un plan de acción formal de remediación en un plazo no mayor a 15 días laborables. Dicho plan busca evitar la recurrencia de improvisaciones en la programación presupuestaria y asegurar que los requerimientos ordinarios y extraordinarios queden debidamente articulados conforme al marco legal de compras públicas.
Este hallazgo forma parte de una evaluación integral a la gestión financiera y operativa de la DGM, en la cual la Contraloría fiscalizó además rubros como la ejecución presupuestaria, la administración de inventarios, el registro de activos fijos y la gestión de recursos humanos de acuerdo a la investigación fechada en julio de este año y hecha pública este domingo por el órgano rector.
