SANTO DOMINGO – En una carta dirigida al presidente de la República, Luis Abinader, y al ministro de Trabajo, Eddy Olivares, cientos de trabajadores de la empresa DEKOLOR, propiedad de Jochy Gómez, quien enfrenta un juicio acusado de diversas acusaciones de fraude mientras poseían la licitación del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), denunciaron el cese abrupto de sus operaciones, dejando a aproximadamente 400 familias en la incertidumbre laboral y sin pagarles sus prestaciones laborales.
Según el documento, las labores de la empresa fueron interrumpidas de manera informal el pasado 19 de febrero de 2026 mediante un mensaje de WhatsApp. Los trabajadores alegan que, tras el cierre, no se han efectuado los pagos correspondientes a las prestaciones laborales de la gran mayoría del personal.
La principal queja del colectivo de empleados es la solicitud de asistencia económica que la empresa habría iniciado ante las autoridades, sosteniendo que este mecanismo busca evitar la liquidación del personal, lo que consideran una estrategia para reducir las obligaciones legales de la compañía.
«Resulta preocupante que, tras años de beneficios económicos, esta empresa pretenda acogerse a una asistencia pública con el objetivo de vulnerar derechos laborales fundamentales», reza la misiva.
El grupo destaca que entre los afectados se encuentran 14 mujeres en estado de embarazo o posparto. La denuncia no se limita al ámbito laboral, los empleados señalan un historial de presuntos incumplimientos que incluyen: Falta de pago de obligaciones como AFP e Impuesto Sobre la Renta, Registros irregulares de salarios ante la seguridad social, Grabaciones de empleados sin su consentimiento, Vinculaciones a procesos legales relacionados con presunto fraude al Estado dominicano.
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Asimismo, la carta contradice las declaraciones oficiales sobre la inexistencia de deudas estatales con la empresa. Los trabajadores aseguran contar con documentación del INTRANT de enero de 2026 que evidenciaría una deuda pendiente hacia DEKOLOR, específicamente en el estado de cuenta de suplidores.
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La empresa, propiedad de los señores Rogelio Oruña Aguilar y José Ángel Gómez Canaán (Jochy Gómez), ha mantenido relaciones contractuales con el Estado por más de 20 años. Ante este panorama, los afectados solicitan formalmente que no se apruebe ninguna ayuda económica con fondos públicos para la entidad, exigiendo en cambio que se garantice el cumplimiento total de sus derechos adquiridos.
«Consideramos improcedente que una empresa con este historial pretenda beneficiarse de recursos públicos mientras deja en estado de vulnerabilidad a cientos de familias dominicanas», concluye el documento firmado por los empleados a nivel nacional».
