Santo Domingo- Fue solicitado este lunes que se abra juicio de fondo contra el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, el empresario José Ángel Gómez Canaán, conocido como Jochi Gómez, y otros acusados vinculados al caso de presuntas irregularidades en contratos del sistema de tránsito.
La petición fue presentada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa), encabezada por su titular Mirna Ortiz, durante la audiencia preliminar celebrada en el Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
En la vista judicial, el órgano acusador concluyó la exposición de su expediente y solicitó al tribunal que los imputados sean enviados a juicio de fondo, además de mantener las medidas de coerción impuestas mientras avanza el proceso.
La audiencia es conocida por la jueza Yanibet Rivas, quien decidió recesar el conocimiento del caso hasta el próximo 20 de marzo, fecha en la que los abogados de los acusados deberán responder formalmente a la acusación presentada por el Ministerio Público.
Según el expediente, Beras habría facilitado desde el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre la asignación irregular de contratos relacionados con el sistema tecnológico de control del tránsito y semaforización, favoreciendo a empresas presuntamente vinculadas al entramado investigado.
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Entre los demás señalados en el proceso figuran Pedro Vinicio Padovani Báez, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, Frank Rafael Atilano Díaz Warden, Juan Francisco Álvarez Carbuccia, Carlos José Peguero Vargas, Mariano Gustini Ponce, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.
El Ministerio Público también incluyó en la acusación a varias compañías que habrían sido utilizadas en las operaciones investigadas, entre ellas Transcore Latam, Aurix, Inprosol, OML Inversiones, PagoRD Xchange, Industria Soltex Dominicana y Dekolor.
Los acusados enfrentan señalamientos por asociación de malhechores, fraude en perjuicio del Estado, estafa, falsificación de documentos, delitos tecnológicos y lavado de activos.
El tribunal fijó además un calendario de audiencias los lunes y miércoles para continuar con el conocimiento del caso.
